El puerto más afectado es Camelle, donde presuntamente sigue faenando alguna barca construida en 1912. Unas 60 embarcaciones no podrán regularizar su situación si no se modifica la normativa estatal. Al menos sesenta armadores de la Costa da Morte han recibido ya la carta del Ministerio de Fomento en la que se les informa de que no se pueden regularizar sus embarcaciones, lo que las pone fuera de la ley. Los propietarios pueden presentar las alegaciones que consideren oportunas, pero si no se cambia a Ley 9/2007 casi todos ellos tendrán que construir un buque nuevo, con las especificaciones que figuran en las hojas de asiento. Para muchos, la solución es un callejón sin salida. Pueden mandar construir una lancha adecuada a la documentación que está en la capitanía marítima, pero no pueden hacerse a la mar con ella. Es el caso de Xosé Xoán Bermúdez Tajes, de Camelle, que heredó la gamela Dos cuñados de su padre. La lancha con la que va al percebe no tiene nada que ver con aquella embarcación. Ahora tendría que ir a mariscar con un bote de 4,20 metros de eslora y un motor de solo 4 caballos de potencia, pero va al mar con 60. Camelle es el puerto más afectado por esta situación, y muchos de los dueños de barcas que están en situación irregular aún no han cumplido los 40 años. En este puerto hay alguna embarcación de 1912. Es el caso de la Carmen, que, evidentemente, es muy distinta de la gamela construida a principios del siglo pasado. Casi toda la flota afectada tiene menos de siete metros de eslora. Se trata de embarcaciones de artes menores y marisqueo, que son poco más de 200 de la Costa da Morte. Hasta el momento, los botes ilegales son el 30% de esta flota, aunque en las cofradías tienen claro que todavía faltan por llegar numerosas resoluciones. La cosa tampoco pinta muy bien para los que pueden regularizar su medio de vida, pero tendrán que hacerlo a base de nuevas inversiones, para comprar GT (medida de peso y volumen) o potencia para el motor. Algunos ya lo hicieron en procesos anteriores (hubo dos auspiciados por la Xunta) y construyeron nuevos barcos. De este modo, todos se han sacado el problema de encima y ahora respiran tranquilos. La cuestión ahora es cómo se resolverá la situación de las decenas de armadores, y sus familias, que se verán obligados a encargar nuevos buques sin las ayudas de la Xunta o que tendrán que dejar el trabajo porque sus barcos no cumplen con las medidas de seguridad. Las federaciones de cofradías y la Consellería do Mar intentan resolver la cuestión, pero todo está en manos de la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, a la que están empezando a llegar las reclamaciones. Al margen de que las medidas, el material o la potencia de la lancha no coincida con la de la hoja de asiento, muchos de los expedientes desestimados son porque ya participaron en un proceso de regularización que no llegó a culminar.