La comisaria responsable de Pesca, Maria Damanaki, explicó hoy los principales elementos de una reforma que comenzará a negociarse ahora entre las instituciones de la Unión Europea y se aplicará a partir de 2013. La Comisión Europea (CE) propuso hoy cambios drásticos en la futura Política Pesquera Común (PPC), para permitir la recuperación de los caladeros, cada vez más explotados. La comisaria responsable de Pesca, Maria Damanaki, explicó en rueda de prensa los principales elementos de una reforma que comenzará a negociarse ahora entre las instituciones de la Unión Europea y se aplicará a partir de 2013. Damanaki dijo que esta propuesta se basará en la «sostenibilidad, eficiencia y coherencia» y defendió la necesidad de cambios para poner fin al exceso de pesca, que afecta al 75 % de las reservas. La reducción de la flota y la promoción de los métodos de pesca sostenibles son dos puntos centrales de una propuesta legislativa aprobada por unanimidad por el colegio de comisarios, a pesar de las reticencias iniciales del responsable de Mercado Interior, Michel Barnier, predecesor de Damanaki en materia de Pesca. Entre las novedades de la reforma figura la toma de decisiones sobre cuotas a partir de criterios científicos y la creación de un mercado de cuotas de pesca entre las flotas de un país, aplicable a los barcos de más de 12 metros de eslora. El objetivo de ese mercado es permitir a los pescadores comercializar entre sí las cuotas o «concesiones» asignadas, que se venderán al mejor postor. La medida, que pretende en última instancia reducir las flotas y ya se aplica con éxito en países como Dinamarca, donde ha logrado una reducción del 30 % de la flota, ofrecerá una compensación a los pescadores que deseen abandonar la profesión. Organizaciones como Greenpeace temen que la medida favorezca a las embarcaciones más grandes, que no son las más ecológicas, y conduzca a la «privatización» de los mares, aunque Bruselas prevé aplicar ciertas salvaguardas para evitar que el sistema sea discriminatorio. Otro de los cambios planteados es la eliminación de los descartes (capturas accidentales de pescados que, ya muertos, son arrojados al mar). En adelante, los pescadores deberán desembarcar todas las capturas, una idea que no gusta al sector, que considera complicada su puesta en práctica. Además, se concederá ayudas para el almacenaje y procesado del pescado desembarcado y se creará un programa para el reparto de parte de ese pescado entre la población más necesitada. Si se aplican los cambios previstos, Bruselas terminará con la dependencia de las subvenciones públicas, que según la CE no han logrado reconvertir la flota, y pasará a un sistema de ayudas en favor de los métodos pesqueros más ecológicos y selectivos. Otras novedades planteadas son la negociación plurianual de las cuotas, en lugar de aplicar como hasta ahora una base anual, para que a partir de 2015 los volúmenes de poblaciones capturadas no amenacen el llamado «rendimiento máximo sostenible». La reforma plantea además «regionalizar» la política pesquera para permitir la toma de decisiones locales, frente al sistema centralizado vigente en la actualidad. La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha calificado de «cobarde y superficial» la propuesta de reforma porque no afronta los cambios necesarios para garantizar la supervivencia del sector. Cepesca ha manifestado, en un comunicado, su «decepción» por el proyecto de Bruselas, porque considera que ha «desaprovechado nuevamente la oportunidad de acometer una reforma profunda» que equilibre esa política. Según los armadores, Bruselas ha desperdiciado una ocasión para fomentar mejoras en los sistemas de gestión de cara a la conservación de los recursos marinos, así como para el mantenimiento de la actividad rentable y del tejido socioeconómico de las regiones altamente dependientes de la pesca.