Los trabajadores han recibido cartas donde les informan de que si no pasan el control no renovarán sus permex Desde la Administración autonómica afirman que el proceso se lleva realizando desde el año 1993 Los mariscadores gallegos se disponen a encarar un nuevo conflicto con la Consellería do Mar. Esta vez el detonante del enfrentamiento ha sido una serie de cartas que han recibido «de un tiempo a esta parte» algunos de los componentes del colectivo. En ellas la Administración avisa de que para la próxima renovación de sus permisos, deberán presentar un certificado médico que permita valorar a la institución si dicho empleado es apto o no para el trabajo que desempeña. En caso de que no se pase el control, la Xunta podría no renovar el permiso de explotación (permex) que autoriza a los mariscadores a hacer su trabajo. La reacción de los afectados no se ha hecho esperar y la Asociación Galega de Mariscadores, Agamar, ya ha puesto en manos de la Justicia la exigencia de la consellería. «Esta reclamación es ilegal, no existe ni en la ley de pesca ni en la norma que regula los permisos de explotación nada que implique la necesidad de este requisito, ya que en ellas solo se declara la incompatibilidad de la labor del mariscador con una incapacidad. Además, la Consellería do Mar invade con esta medida competencias estatales de la Seguridad Social», dice Arturo Muñoz, el abogado que defiende a la asociación en este caso. El letrado afirma que el ejercicio de la Administración es fruto de una «praxis perversa» que exige a los mariscadores que rompan la confidencialidad de su cuadro clínico, algo que no se le reclama a otros colectivos. Fuentes cercanas a los mariscadores aseguran que la carta donde se comunica y efectúa la petición no la han recibido todos los trabajadores del sector del marisqueo, sino solo «algunos de ellos». «Es una situación pintoresca, no se trata de un oficio que arriesgue la seguridad de terceros. Desde la Consellería han comparado este trabajo con el de un empleado de un gimnasio o de una sauna», explica Muñoz. El abogado recalca que la intención de dicha denuncia es, únicamente, evitar la pérdida injustificada de puestos de trabajo en el colectivo al que representa e igualar sus derechos al de otros oficios, aunque les hubiera gustado no tener que llegar a los tribunales para encontrar la solución. Según la Consellería do Mar, el envío de las cartas no supone ninguna novedad, ya que se realiza desde que el 17 de diciembre del año 1993 el Decreto 425/93 dispusiese que el trabajo de mariscador no era compatible con una discapacidad, orden que sigue vigente y sin cambios en la actualidad. Desde ese punto, aseguran que para garantizar dicho requisito es necesaria una certificación médica en el momento de expedición del permiso y, a partir de ese momento, cada cinco años. «Es un proceso por el que deben pasar como cotizantes de la Seguridad Social», indican fuentes de la consellería. El abogado de Agamar, sin embargo, asegura que aunque desconoce si ha podido ser así en casos puntuales, al total del colectivo no se le ha hecho tal petición hasta ahora. Mar también garantiza que en todos los casos mantiene intacta la privacidad de los datos del cuadro médico del trabajador y que la única información que piden del facultativo que los analiza es la valoración final de su aptitud para el empleo. Aseguran que en ningún caso entran a conocer las causas que hacen que un mariscador no pase el control.